Fumigación de cultivos ilícitos
Por. Jairo Torres Oviedo
Rector de Unicórdoba.
La fumigación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato es una de las estrategias establecidas por el Gobierno nacional en el marco de la Política Antidrogas y los compromisos internacionales relacionados con el combate al narcotráfico. Desde el año 1978, en Colombia se a usado el glifosato en la aspersión de cultivos ilícitos por contar con una serie de ventajas con respecto a otro tipo de herbicidas. Sin embargo, este proceso trajo consigo innumerables quejas por parte de las comunidades aledañas a sitios asperjados y ha estado en el centro de la controversia debido a los posibles efectos negativos en cultivos lícitos, la salud de los animales, la salud humana y el ambiente en general.
Como resultado de esta problemática, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-236 de 2017 promovida por la comunidad de Nóvita (Departamento del Chocó) mediante una acción de tutela que solicita el respeto al derecho a la consulta previa por la salud, la identidad cultural y étnica; además, la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En consecuencia, el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), concede la tutela de los derechos fundamentales, así como el derecho a la salud y al ambiente sano de todas las personas que habitan este municipio, y se ordena al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender el PECIG.
De acuerdo con la sentencia en mención, el Consejo Nacional de Estupefacientes solo podría reactivar el PECIG, cuando se haya diseñado y puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias pertinentes, un proceso decisorio en el cual esta investigación científica de evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundamentado que deberá realizarse de manera continua. En la investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad. En este sentido, por la experiencia de los impactos de sustancias químicas en el ambiente, la Universidad de Córdoba, por encargo del Ministerio de Salud y Protección Social realizó la evaluación de riesgos a la salud de tipo adaptativa (fuente de información secundaria) tomando como base metodológica la herramienta para la evaluación de riesgos en salud por exposición a sustancias químicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que enmarca su desarrollo en cuatro etapas principales: (I) identificación del peligro, (II) caracterización del peligro, (III) evaluación de la exposición y (IV) caracterización del riesgo. La información resultante del estudio fue dirigida a personal de las entidades territoriales con el propósito de hacerse extensiva a las comunidades y demás personas encargadas de hacer gestión de riesgos en los territorios.
A partir de herramientas de modelación, se determinó que el riesgo asociado a la aspersión con glifosato, como lo plantea el programa de fumigación, no sobrepasó en valor umbral de 1, que supone un peligro inminente a la población por la presencia del tóxico; sin embargo, un valor menor de 1, como lo determinó la investigación (considerado como bajo), no elimina el riesgo al químico, y, por lo tanto, su uso debe basarse en el principio precautorio. Es de resaltar que las herramientas de modelación plantean escenarios hipotéticos; por ello, debe hacerse especial énfasis en la necesidad de que se realicen monitoreos o seguimientos ambientales y epidemiológicos para asegurar que el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales competentes, se realice adecuadamente.
En el debate por el uso de sustancias químicas para la erradicación de cultivos ilícitos es relevante resaltar que, hasta la fecha, a pesar de que las aspersiones aéreas con glifosato y la problemática ambiental y de salud pública asociada a estas, data de finales de los años setenta, no existía en Colombia ni en el mundo un estudio científico enfocado en evaluación del riesgo a la salud sobre esta importante actividad, basado en metodologías de rigor y ampliamente validadas como la herramienta de la OMS. Además, a pesar, de que los medios de comunicación hablados y escritos, estudios de ONGs, entre otros, ponían sobre la mesa las consecuencias de la aspersión aérea con herbicidas, la comunidad académica y científica del país, en especial las instituciones de educación superior de mayor relevancia en temas de salud pública poco atendieron la problemática. En estos momentos debemos hacer un acto de reflexión y compromiso sobre el tema de los cultivos ilícitos, debido a que no solo es un tema de salud pública, sino que hay una preexistencia de problemáticas asociadas al saneamiento básico, salud, ordenamiento territorial, contaminación ambiental y socioeconómicas de las comunidades involucradas y, que es urgente atender. En la proxima columna trataremos las implicaciones para la salud humana y el debate ambiental y político vigente.
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