Mesa de gobernabilidad y paz del Sistema Universitario Estatal – SUE

*Pronunciamiento sobre la crisis humanitaria y el
Escalamiento de la violencia en el país

Las universidades públicas de Colombia agrupadas en la Mesa de Gobernabilidad
y Paz hacemos pública nuestra preocupación por el escalamiento de la violencia, y
la profunda crisis humanitaria que se vive en varias regiones del país.
Desde el 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz, han
sido asesinados 303 excombatientes de Farc. Entre enero de 2021 y enero de
2022 fueron asesinados 46 firmantes del Acuerdo de Paz y 188 líderes y
defensores de derechos humanos; además se presentaron 96 masacres con 388
muertos. A lo cual se suman crecientes hechos de desaparición forzada,
reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y confinamiento a
comunidades en diferentes regiones.
Entendemos que por la gravedad de estos hechos la Corte Constitucional el
pasado 27 de enero aprobó la sentencia SU-020/22 mediante la cual declaró un
estado de cosas inconstitucional con las personas que firmaron la paz y están en
proceso de reincorporación “por el bajo nivel de implementación del componente
de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil,
previsto en el Acuerdo Final de Paz, desarrollado por normas constitucionales
legales”.
Esta sentencia ordena al Gobierno adoptar “las medidas que le permitan cumplir
de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas”.
También dispone, entre otras órdenes, poner en funcionamiento efectivo la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y crear en un plazo
de tres meses, una Sala Especial de Seguimiento para asegurar que el Gobierno
cumpla las órdenes emitidas.
A esta decisión histórica de la Corte, se suma el reciente comunicado de Noruega
y Cuba, países garantes del proceso de paz, solicitando al Gobierno acciones
concretas para proteger a los excombatientes y sus familias.
Coincidimos con Antonio Guterrez, secretario general de Naciones Unidas, en su
informe del pasado 20 de enero donde relata que el Acuerdo de Paz está en
riesgo por el asesinato sistemático de excombatientes de Farc y líderes sociales.
Destacamos que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en
comunicado del 28 de enero “reiteraron su preocupación por las persistentes
amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las Farc-EP que dejaron
las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes
comunitarios y sociales, incluidas mujeres y aquellos de comunidades indígenas y
afrocolombianas”.
Resaltamos, en estos momentos, que los departamentos de Antioquia, Arauca,
Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño, y Norte de Santander, merecen especial
atención, pues el balance de la crisis humanitaria durante el primer mes del año
deja alarmantes cifras de víctimas entre la población civil.
Sumamos, como Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal.
nuestra voz a la de quienes invitan a los actores armados a respetar a las
comunidades, las organizaciones sociales y sus territorios, y a frenar la ola de
atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario. En particular
invitamos a los grupos insurgentes que demandan espacios para la negociación
política, a mostrar su disposición efectiva a un alto al fuego.
Llamamos al Gobierno a un mayor diálogo con las comunidades en sus esfuerzos
por rechazar la violencia en sus territorios, y a profundizar la implementación del
Acuerdo de Paz.
Convocamos a los actores armados a respetar a las comunidades, a las
organizaciones sociales y a frenar la ola de atentados violatorios del Derecho
Internacional Humanitario.
Respaldamos, igualmente, el reciente llamado de la Misión de Apoyo al Proceso
de Paz OEA en Colombia para promover un diálogo entre el Gobierno y el Ejército
de Liberación Nacional -ELN que permita avanzar hacia una paz completa.
Exhortamos al Gobierno y a los grupos armados a suscribir y respetar un acuerdo
humanitario, como un derecho a la Paz, fundamento del Estado colombiano y un
derecho de obligatorio cumplimiento. Es necesaria, por tanto, la construcción de
mínimos humanitarios como alternativa para poner fin al sufrimiento de tantas
familias que se siguen sumando al número de víctimas, así como a los daños al
territorio que es la vida misma para estos pueblos. Estos acuerdos deben contar
con el acompañamiento de la iglesia, la comunidad internacional, los consejos
territoriales de paz y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Convocamos, con especial interés, a los partidos y organizaciones políticas para
que en las campañas electorales en curso se sumen a estas solicitudes.
Finalmente, ratificamos la importancia del dialogo y la necesidad de fortalecer la
paz como bien supremo de la sociedad, y alentamos a la no violencia y a la
resistencia pacífica a la guerra.

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