Constitución y Educación Superior
Por Jairo Torres Oviedo. Rector de Unicórdoba
Han transcurrido más de tres décadas de haber sido promulgada la Constitución Política de Colombia, nacida del liderazgo de una generación de colombianos que pudo leer en medio de la violencia, la convulsionada y compleja realidad social del país.
Un movimiento conformado por líderes que pudieron comprender y proponer salidas por vías democráticas; entre ellas, la construcción de la Constitución Política de 1991 que manifiesta un acuerdo entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad colombiana.
La Constitución del 91 repensó y construyó un nuevo contrato social que reemplazaba el acordado por la Constitución de 1886. Sin equívocos, la Constitución del 91 encarna el pensamiento moderno dentro de una modernidad que permitió establecer un orden social equitativo con mayores libertades, reconociendo la pluralidad ideológica y creencias; característico de la cultura política nacional; ignorada de manera reiterativa a través de medios violentos y excluyentes.
Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un contrato social pluralista e incluyente, aún vigente; pero inaplicado en muchos de sus contenidos y alcances. El país tiene una histórica tradición de resistencia a los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural. Igualmente, la Constitución del 91, también generó avances sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.
Cabe anotar que, uno de los derechos logrados por la Constitución del 91, es la educación en todos sus niveles; definida como derecho fundamental garantizado por el Estado. El derecho a la educación ha tenido avances; pero aún falta mucho por ampliar y democratizar este derecho; en especial, los sectores sociales vulnerables y regiones donde la presencia del Estado es débil; solo a través de la educación y el conocimiento, se podría generar movilidad social y superar la pobreza; ha sido una tarea postergada en la implementación de la Constitución del 91.
En materia de educación superior, podemos mencionar que, el 54% de los jóvenes acceden a la universidad, el 46% no accede. El 54% representa 2.182.939 estudiantes matriculados en programas de pregrado. De los cuales 1.832.360 corresponden al 84% de la matrícula nacional concentrada en 33 municipios; y, 350.579 estudiantes equivalente al 16% de la matrícula; ubicados en 1069 municipios; evidenciando una concentración de la matrícula en educación superior en una pequeña parte de la geografía nacional. Es decir, tenemos un acceso desigual entre regiones y grupos poblacionales. El centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; en contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia, donde se incrementan las inequidades y brechas regionales; consolidando la lógica centralista; que pretendió corregir la Constitución del 91.
En estos 33 años de existencia de nuestra Carta Magna; la reflexión y acción debe centrarse en hacer realidad el contrato social, que contiene la hoja de ruta para construir una nación moderna. El trámite del proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso contiene una reforma estructural del sistema de educación superior en Colombia; lo que implica, dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones ideológicas y concepciones que hacen parte del debate público nacional, todas son necesarias para pensar y construir país. Una nación moderna se construye desde las diferencias; solo así, es posible la inclusión, el reconocimiento y fortalecimiento de la democracia.
