Tras llamado del Contralor, rector de Unicórdoba y presidente del SUE, pide al Congreso acelerar la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30

  • El rector de Unicórdoba y presidente del SUE, profesor Jairo Torres Oviedo.

Montería. El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE Colombia, Jairo Torres Oviedo, pidió al Congreso de la República, acelerar la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, para garantizar mejor financiación y sostenimiento de las universidades públicas en Colombia.
“Creo que este es el momento histórico para ello, no fue posible en la Ley Estatutaria de Educación, que establecía este derecho como fundamental de manera progresiva en los próximos 20 años, pero la ley naufragó, se hundió, no alcanzó los consensos políticos en el Congreso; el Gobierno ya entendió y priorizó que era necesario la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que es lo que esperamos; estamos dispuestos a entregar las explicaciones de las necesidades que se tienen por parte de la universidad pública”, sostuvo Torres Oviedo.
El pronunciamiento del rector de Unicórdoba y presidente del SUE Colombia, profesor Jairo Torres Oviedo, se deriva del reciente llamado que hizo el contralor, Carlos Hernán Rodríguez, al Ministerio de Educación de Colombia, en el sentido de prestarle atención urgente al tema de la desfinanciación de las universidades públicas en el país.
“Las universidades públicas, y en general todas, vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos, en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior. Es necesario resolver estos problemas estructurales de

financiación. Esto se ha solventado con déficit de deuda y disminución de las condiciones de calidad. A las universidades les tienen que ver su manejo presupuestal, pero también les tienen que ver la calidad de educación que están impartiendo”, dijo el contralor Carlos Hernán Rodríguez, al diario El Tiempo.
Desde el año 2019 el SUE visibilizó el problema estructural de la financiación de las universidades públicas, de donde surge la propuesta de ajustar los presupuestos de estas instituciones de educación superior al Índice de Costos de la Educación, contrario a como se ha considerado y que ha dependido de los índices de inflación.

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