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“Gobierno del cambio avanza en la construcción de una política económica y social que humanice y dignifique el Sistema Penitenciario y Carcelario”

  • Actualmente, existen 125 establecimientos de reclusión de orden nacional en el país que se beneficiarán de esta política pública.
  • 104.396 personas privadas de la libertad, tanto en modalidad intramural como domiciliaria, se beneficiarán de las políticas de resocialización y tratamiento penitenciario y carcelario que contendrá este nuevo documento CONPES.​

Bogotá D.C. Con el objetivo de avanzar en la construcción de una política pública integral, en la que todo el Estado colombiano contribuya a dignificar y humanizar la vida en prisión, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, y el Director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, recorrieron hoy diferentes patios de la penitenciaría La Modelo. Esta visita da inicio a una jornada de sensibilización y avanza en la consolidación del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del sistema penitenciario y carcelario.

Esta jornada de sensibilización, como primera sesión de avance preliminar al CONPES, busca generar alianzas estratégicas y materializar el compromiso de fortalecer áreas como salud, alimentación, trabajo, estudio, enseñanza y servicios domiciliarios, entre otros, en pro de los derechos humanos y fundamentales de la población privada de la libertad.

“Estamos proyectando un CONPES para avanzar y mejorar las condiciones del sistema carcelario. Trabajaremos para que sea un programa de política pública, en el entendido de que estamos hablando de personas con derechos», afirmó la Ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz.

El evento, al que asistieron más de 150 funcionarios públicos de las diferentes entidades, como el Ministerio de Cultura, Educación, Trabajo, Salud, Secretaría de Seguridad, Fiscalía, Contraloría, Defensoría, Vivienda, Deporte, Invima, entre otros, es una apuesta en la construcción del CONPES, que reflejará la visión de la política del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Gustavo Petro, y que pretende contribuir a solucionar el Estado de Cosas Inconstitucional, brindar oportunidades a la población pospenada y avanzar en la garantía de goce efectivo de derechos, con enfoque de género y diferencial a la población privada de la libertad.

“Es una decisión de nuestro gobierno avanzar, a través de este CONPES, en la construcción de una política integral de garantía de los derechos humanos en las cárceles de Colombia. Para esto vamos a poner toda la capacidad de articulación de Planeación para avanzar de una manera rápida y concreta no solo en la definición de las políticas públicas sino en las fuentes de recursos de corto, mediano y largo plazo, las vigencias futuras que se requieren para resolver de manera definitiva la crisis estructural que ha tenido el sistema carcelario en el país», afirmó el director del DNP, Alexander López

El director explicó que se convocaran unas mesas técnicas para buscar la concurrencia de todas las entidades del Estado, y donde se escucharán también a los internos, sus familias, los funcionarios y la guardia para resolver la dolorosa situación penitenciaria y carcelaria del país.

Históricamente, no ha existido en Colombia una política penitenciaria real, aplicable y cumplible. Actualmente, la Nación tiene a cargo 125 cárceles a través del Unidad de Servicios Penitenciarios y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con una población total de 104.396 reclusos, de los cuales el 93% son hombres y el 7% mujeres.

Además, el 77,5% de la población carcelaria está en el rango de 18 a 44 años, lo que plantea importantes retos para la rehabilitación. El 58% participa en programas de redención (educación o trabajo) y la mayoría tiene bajos niveles educativos.

Durante la jornada, las y los integrantes del Gobierno Nacional, dialogaron con las personas privadas de la libertad, hombres y mujeres, con el propósito de conocer de primera mano las necesidades de esta población en materia de salud, alimentación, servicios públicos, trabajo, y cultura.​

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