Una reforma necesaria e impostergable
Por: Jairo Torres Oviedo Rector de Unocórdoba
En estos últimos días, el Contralor General de la República manifestó públicamente la situación del desfinanciamiento de la universidad pública, haciendo un llamado al Ministerio de Educación Nacional con el fin de atender esta situación. El anuncio del contralor reafirma lo sostenido por el Sistema Universitario Estatal – SUE en los últimos años, debido a la necesidad de reformar los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992; la cual rige la educación superior; lo anterior, con el propósito de corregir el desfinanciamiento estructural del sistema en mención. Esta reforma permite construir un nuevo modelo de sostenibilidad financiera; necesaria e impostergable, que demandan los estamentos del sector de la educación superior pública; y que, tiene como propósito fortalecer las universidades oficiales. El actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades estatales, definidos en los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento que son orientados al crecimiento sostenible de los provistos por el Estado y requeridos por las universidades públicas, consta de cuatro factores que son: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales, productividad docente, aumento de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros son definidos y distribuidos a través de un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE trabajó y construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida los déficits anuales originados por los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.
La construcción del Ices (Índice de Costos de la Educación Superior) como nuevo modelo de transferencia financiera para asignación estatal de recursos al SUE, reconoce la complejidad y diversidad del sistema; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. En este orden, sería importante preguntarse, ¿cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE? El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el Sistema Universitario Estatal desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Donde hemos tenido incremento en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación; tanto de programas académicos como en lo institucional. Tal crecimiento de las universidades implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la Nación a las universidades; lo que es insuficiente para el financiamiento del SUE. Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto corrige el desfinanciamiento estructural y permite la sostenibilidad financiera.
Por último, es deber del Congreso de la República propiciar los escenarios de deliberación y argumentación para construir una reforma necesaria, con el objeto de corregir y garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas.
